En la madrugada del 18 de marzo de 2003, la dictadura militar encabezada por Fidel Castro Ruz lanzó una terrible ola represiva contra periodistas independientes, sindicalistas y pacíficos opositores cubanos.
Ante el creciente auge del movimiento opositor cubano, el gobierno optó por la represión y, al amparo de la guerra de Irak, pensando que serviría de cobertura mediática a sus abusos, lanzó el mayor acto de represión contra la oposición, conocido como las jornadas de La Primavera Negra de Cuba.
Cientos de agentes del Departamento de Seguridad del Estado (la policía política cubana), a lo largo de todo el país y de forma sincronizada, allanaron un centenar de hogares, interrogaron a sus moradores, confiscaron sus ordenadores, máquinas de fax, máquinas de escribir, fotos… Finalmente, detuvieron a 75 opositores pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, bibliotecarios y sindicalistas.
Del 3 al 7 de abril del mismo año, en una cadena de pseudo juicios sumarios, los inocentes fueron procesados e injustamente condenados a draconianas penas de prisión, que oscilaron entre los 6 y los 30 años. Fueron los denominados prisioneros de La Primavera de Cuba.
Los delitos reales, intolerables para la dictadura, fueron: pensar por cuenta propia, escribir sin mandato, discrepar con el Gobierno, atreverse a pedir firmas para, siguiendo la letra de la misma constitución cubana que lo permitía, presentar a votación ante los cubanos una serie de reformas (el exitoso Proyecto Varela), haberse atrevido a escribir, editar y publicar una revista independiente dentro del país (la revista De Cuba).
En otras palabras, fueron encarcelados por defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, los derechos humanos y la democracia. Y por promover una petición ciudadana que pide todos estos derechos y libertades.
Sin embargo, los delitos atribuidos por la policía cubana fueron: ser peligrosos mercenarios al servicio del «imperio del Norte», conspirar contra la independencia e integridad de Cuba, y un largo etcétera de burdos pretextos cuyo único objetivo era imponerles consecuencias y penas tan serias como extremas.
Cualquier excusa es válida para jueces serviles que interpretan a su gusto una legislación implacable con cualquier conducta que, a ojos del gobierno castrista, debilite el sistema socialista o favorezca el embargo económico norteamericano.
Las excesivas sentencias se basaron, con frecuencia, en la Ley 88 de 1999, conocida como la «Ley Mordaza», severamente criticada por su arbitrariedad y la discreción que otorga a los jueces.
Según el Gobierno, los opositores participaban en las «provocaciones» y actividades «subversivas» lideradas por el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason. Sin embargo, la mayoría de los encarcelados no habían visitado nunca esa delegación diplomática, ni mucho menos conocido al señor Cason.
Por otro lado, la Sección de Intereses continuó su actividad en La Habana, a pleno funcionamiento, y James Cason siguió en su puesto hasta que fue sustituido. El gobierno cubano sabe que nadie se creyó ni se cree sus patrañas. Ni siquiera simuló echar o expulsar al «conspirador en Jefe» de «la conjura» James Cason o cerrar el «centro conspirador» de la Sección de Intereses. Actualmente, esta sección ha desaparecido y, en su lugar, se ha instalado la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Los tribunales cubanos, que forman parte de la burocracia represiva del régimen, operan sin respetar el derecho a un juicio justo. Restringen el derecho a una defensa legítima y violan todas las garantías procesales con las que deberían contar los acusados, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos.
La ola represiva castrista ocurrió en un momento en el que la oposición era fuerte y se hacía un hueco en la sociedad cubana. Por eso, se denomina La Primavera de Cuba.
Los éxitos del Proyecto Varela, que presentó, hasta en dos ocasiones, más de las 10.000 firmas exigidas por la Constitución para una iniciativa legislativa popular, pusieron al gobierno cubano a la defensiva. Su primera reacción fue una masiva recogida oficial de firmas para «congelar» la Constitución para siempre, una aberración que firmaron supuestamente millones de cubanos, muchos de ellos bajo la presión institucional del régimen.
Otro sector de la oposición en pleno auge era el periodismo independiente. En los meses anteriores a la ola represiva, unos valientes periodistas, encabezados por Ricardo González y Raúl Rivero, lograron lanzar dentro de la isla una revista independiente, De Cuba. Esto era una gran provocación para la dictadura, que no permitía ni permite que ningún medio de comunicación cubano escape a su control.
En este contexto, la ola represiva podía considerarse, en gran medida, una reacción del Gobierno cubano dirigida contra el Proyecto Varela y el periodismo independiente.
Más de la mitad de los encarcelados eran coordinadores del Proyecto Varela. Aunque al principal responsable, Oswaldo Payá, quien ya era Premio Sájarov del Parlamento Europeo, el Gobierno lo dejó fuera de la cárcel por cálculo político. Quería evitar darle más prestigio y ayudarle a conseguir un premio Nobel al que estaba nominado.
Por otro lado, más de veinte de los prisioneros eran periodistas independientes, lo que demostraba que la intención era golpear a ese sector creciente de la oposición que molestaba al régimen.
Sin embargo, la ola represiva fue un evidente error de cálculo. Además de cruel e injusta, la opresión fue contraproducente, porque hubo una fuerte reacción internacional de repudio. Al mismo tiempo la oposición cubana se recuperó y siguió luchando con vigor, pacífica pero valientemente, por la democracia y las libertades.
Tras la represión, muchas voces se alzaron para defender a los demócratas injustamente encarcelados. Gobiernos de numerosos países, la Unión Europea, el Papa, organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras o Freedom House, intelectuales y artistas, entre muchos otros, se pronunciaron para condenar la arbitraria crueldad y flagrante injusticia de la dictadura castrista.
En 2004, tres de los prisioneros de la Primavera de Cuba (llamados «los 75») obtuvieron la denominada «licencia extrapenal» (libertad condicional) y partieron al exilio: el poeta y periodista Raúl Rivero, el escritor y periodista independiente Manuel Vázquez Portal, y el activista político Osvaldo Alfonso Valdés.
Otros once fueron puestos en libertad condicional en Cuba, aunque bajo vigilancia y con la amenaza de regresar a la cárcel si continuaban con sus actividades opositoras. En general, estas licencias «extrapenales» se concedieron a presos cuya salud estaba tan deteriorada que podían morir en la cárcel.
El resto de los 75, durante siete años, se pudrieron en las prisiones castristas, sufriendo condiciones de reclusión infrahumanas, junto a presos comunes y, normalmente, a mucha distancia de sus familiares, obligándoles a desplazarse largas distancias en un país donde el transporte estaba y continúa en crisis y viajar es un problema.
El régimen al que fueron sometidos los presos de conciencia fue con frecuencia el más severo, y varios de ellos estuvieron en celdas de castigo. En general, recibían visitas cada tres meses.
Más de veinte de ellos fueron periodistas, lo que coloca al régimen cubano en dura competencia con el régimen chino como uno de los regímenes que más periodistas mantenía en prisión por ejercer su profesión. Eso en términos absolutos. En términos relativos a la población del país, la dictadura militar cubana fue, con mucha ventaja, el régimen del mundo que más periodistas mantenía injustamente en prisión.
La incansable lucha de las Damas de Blanco, junto con la presión internacional debido a los acontecimientos cruciales, que fueron la trágica muerte en prisión de Orlando Zapata Tamayo y la posterior huelga de hambre protagonizada por Guillermo Fariñas, lograron que, en 2010, el gobierno cubano acordara con el español (a través de la iglesia católica en la isla) la excarcelación de los activistas encarcelados.
52 de los 75 fueron desterrados a España (de dónde algunos de ellos se dirigieron a otros destinos), 13 decidieron permanecer en la isla, mientras el resto se fue a otros países.