Prisoners Defenders

Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a éstos en Cuba.

Más prisioneros políticos por participar en manifestaciones

De los 1.113 prisioneros políticos registrados en mayo, 11 de ellos fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar en las manifestaciones de la población de Juraguá, Cienfuegos, el pasado 28 de mayo, que surgieron tras llevar esta localidad más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los casi diarios apagones eléctricos, y 27 días con desabastecimiento de agua. Además, seguimos estudiando otros casos de detención en dichos episodios.

Las autoridades les impusieron una fianza de 200,000 pesos cubanos (530 dólares en el mercado de cambio real en Cuba, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos) y están siendo procesados por los presuntos delitos de “desórdenes públicos”, “desacato” o “atentado”.

Entre los detenidos se encuentra Erich González Lima, periodista, residente en la Ciudad Nuclear de Juraguá. Erich fue detenido dos veces por esta manifestación. El 29 de mayo, en la primera ocasión, fue liberado horas más tarde. Sin embargo, el 30 de mayo fue nuevamente detenido en su hogar y trasladado a la Primera Unidad Policial de Cienfuegos. En ambas ocasiones, por sumarse a estas manifestaciones ciudadanas para reclamar por la falta de servicios básicos.

Operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente

Con motivo del aniversario de la fundación de la República de Cuba, el 20 de mayo, el régimen cubano desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla: detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas.

De acuerdo a informaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), periodistas y reporteros de varios medios de su red en la isla han sufrido estas violaciones: Amanecer Habanero, Páginas Villareñas, El Majadero de Artemisa y  El Espirituano ; igualmente ICLEP ha documentado otros hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en mayo.

El 9 de mayo, los periodistas Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio independiente “Panorama Pinareño”, fueron detenidos en San Juan y Martínez (Pinar del Río) y les confiscaron los equipos de trabajo.

Juan Manuel Moreno Borrego, director de “Amanecer Habanero” fue citado e interrogado en la estación policial del municipio Plaza de la Revolución, advertido con la prohibición de que saliera a la calle el 20 de mayo, y amenazado con la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua.

Igualmente, Antonio Suárez Fonticiella, director del medio “Páginas Villareñas”de Villa Clara, fue citado y amenazado con la “cadena perpetua” si salía de su domicilio el 20 de mayo.

Mabel Páez Díaz, directora de “El Majadero de Artemisa”, fue interrogada y amenazada con “largas condenas”. “Me dijo que tenía los días contados, que dejara de hacer periodismo, que van a sacar de las calles [meter en prisión] a todos los periodistas independientes y a tomar medidas drásticas con todo el que aliente al pueblo a salir a las calles”, contó Mabel.

El 15 de mayo Orlidia Barceló Pérez, directora de “El Espirituano”, y su esposo, el también periodista Pedro Luis Hernández Hernández, fueron interrogados en El Vivac (Centro de Instrucción Penal, para ejecutar interrogatorios y torturas), en Sancti Spíritus. “Me dijeron que yo tenía dos opciones: una, irme del país, y la otra, diez años de prisión, pues estaban ya cansados de mí y tenían suficiente evidencia para meterme presa”, afirmó Orlidia.

El 16 de mayo fue detenido en La Habana Vladimir Turro Páez, periodista de Cubanet, cuando salía de la sede de las Damas de Blanco, en la Habana.  “Los agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron en la calle Porvenir y lo trasladaron a la estación de Aguilera.  Le quitaron el teléfono y lo arrojaron al piso, en medio de amenazas. Además, lo multaron con 150 pesos cubanos por violar el dispositivo de seguridad”, informó Cubanet.

En Villa Clara, el periodista independiente y expreso político Carlos Michael Rodríguez Morales continúa detenido desde el 4 de mayo.

Morales Rodríguez fue trasladado el 20 de mayo a la Sala de Penados del Hospital Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara, debido a su delicado estado de salud después de estar más de dos semanas en huelga de hambre.

Fue excarcelado a primeros de marzo tras cumplir una sanción de dos años y medio de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién (Villa Clara).

El 14 de mayo, el activista Yasser Ravelo Díaz fue citado en la unidad de Operaciones de Guantánamo, donde lo multaron por sus publicaciones en redes sociales, y oficiales de la Seguridad del Estado lo amenazaron con enviarlo a prisión.

José Luis Boada Valdés ha sido sancionado a 9 años de privación de libertad por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. José Luis llevaba más de dos años preso en el Combinado del Este por haber escrito en una pared varias frases contrarias a Miguel Díaz Canel.

Prisioneros y presos políticos verificados en Cuba este pasado mes de mayo

Con cierre de datos a fecha 31 de mayo de 2024, la lista de prisioneros y presos políticos en Cuba contiene un total de 1.113 prisioneros y presos políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de junio de 2023 a 31 de mayo de 2024) la lista de prisioneros y presos políticos de Cuba sumó un total de 182 nuevos presos políticos (un promedio de más de 15 presos políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.213 prisioneros políticos, recordemos una vez más, todos ellos torturados.

Han entrado este mes de mayo en nuestra lista 19 nuevos prisioneros políticos. Y han sido 5 los prisioneros políticos que han salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta, mientras que otra, Lisdany Rodríguez Isaac, fue excarcelada con Licencia Extrapenal por las intercesión de la Relatoría sobre la libertad de religión o de creencias de las Naciones Unidas, que alertó sobre las torturas que le eran infringidas para obligarla a abortar, y la movilización solidaria de la prensa internacional como respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders para evitar la muerte del bebé.

De los 1.113 prisioneros y presos políticos en Cuba:

• Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 29 chicos y 1 chica, en total 30 menores. 27 de ellos aún cumplen sentencia y 3 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En su último informe a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
• 14 de estos menores mencionados han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
• De nuestra lista actual, 225 manifestantes han sido acusados de sedición y 223 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
• La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 117 mujeres (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
• Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
• Entre los presos políticos hemos identificado 305 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado, y hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada.

Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros y presos políticos en Cuba

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de mayo de 2024, 1.113 prisioneros y presos políticos en Cuba relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.

Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.

El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.

No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 1 año de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.

Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.

El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual.

Cada año se ha condenado a prisión, desde hace décadas, a una media de 3.850 personas por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.

El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal.