Con motivo del quinto aniversario de una ‘represión masiva’ contra la oposición política en Cuba, Amnistía Internacional (AI) pidió ayer a las nuevas autoridades de la isla la puesta en libertad ‘inmediata e incondicional’ de los 58 disidentes que siguen encarcelados en distintas prisiones del país.

Setenta y cinco opositores cubanos fueron detenidos entre el 18 y el 20 de marzo de 2003 y condenados semanas después acusados de conspirar con Estados Unidos, atentar contra la independencia del Estado y socavar los principios de la revolución.

De los 58 presos de conciencia actualmente encarcelados en Cuba, cuyos nombres fueron difundidos ayer por AI desde su sede en Londres, 55 forman parte del grupo de las 75 personas encarceladas hace cinco años.

‘El único delito cometido por estas 58 personas es haber ejercido pacíficamente sus libertades fundamentales. Amnistía Internacional las considera presos de conciencia. Deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional’, dijo la directora adjunta del Programa de AI para América, Kerrie Howard.

Amnistía destaca que la mayoría de los detenidos hace ahora cinco años fueron acusados de delitos como ‘actos contra la independencia del Estado’ por haber recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense ‘para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba’.

Estas actividades incluyen publicar artículos o conceder entrevistas a medios de comunicación financiados por Estados Unidos, la comunicación con organizaciones internacionales de derechos humanos y los contactos con entidades o personas que son oficialmente consideradas hostiles a Cuba.

Los detenidos fueron condenados a penas de entre 6 y 28 años de prisión tras juicios ‘acelerados y dudosos’ y, hasta el momento, veinte de ellos han sido puestos en libertad condicional por motivos médicos.

Entre los encarcelados figuran Alfredo Felipe Fuentes, miembro, entre otras organizaciones, del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC), y Juan Adolfo Fernández Sainz, a quien el Gobierno de La Habana negó, según informaciones periodísticas, permiso para participar en un seminario en el Parlamento Europeo en Estrasburgo titulado ‘Cómo democratizar Cuba desde dentro’.

Otros presos políticos son Marcelo Cano Rodríguez, médico y defensor de los derechos humanos, quien la fiscalía cubana le acusa de visitar a presos y sus familias como parte de su trabajo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos, y sus relaciones con la organización internacional Médicos sin Fronteras.

Amnistía instó al nuevo gobernante cubano, Raúl Castro, ‘a abordar algunas de las cuestiones de derechos humanos más acuciantes del país’.

Entre ellas, Howard citó ‘la revisión judicial de todas las condenas dictadas tras juicios injustos, la abolición de la pena de muerte y la introducción de medidas para garantizar la libertad de expresión y la independencia del poder judicial’.

La organización pro derechos humanos aplaudió en febrero pasado la liberación de cuatro presos de conciencia por las autoridades de la isla y la firma por parte de Cuba del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Autor: Cubanet