La comprobación de la situación de los derechos humanos en las cárceles cubanas no está permitida como actividad legítima, sino que es considerada «traición a la patria» o un «atentado a la soberanía cubana». De hecho, ningún grupo local ni internacional de derechos humanos está reconocido por el ordenamiento jurídico interno cubano.
Cárcel cubana – Fuente: 14ymedio
Tampoco se permite que organizaciones internacionales envíen misiones de investigación a Cuba, cuyo Gobierno es uno de los pocos en el mundo, y el único de América, que niega al Comité Internacional de la Cruz Roja acceso a sus prisiones.
Es explicable que así sea si, como indica la información que sale de las cárceles a pesar de esta falta de transparencia, las condiciones son (para todos los presos, no solo para los presos de conciencia) infrahumanas: falta de higiene, escasos y malos alimentos, falta de espacio, abusos e incomunicación.
Presos políticos y 11J
Las autoridades cubanas no han cesado en sus intentos de reprimir las opiniones, movimientos y actitudes contrarias al Gobierno de la isla. A lo largo de los años, se ha detenido y juzgado a ciudadanos, opositores y periodistas independientes.
Según la organización de defensa de los derechos humanos Prisoners Defenders, los prisioneros políticos han ido en aumento:
- 128 en diciembre de 2019.
- 134 en diciembre de 2020.
- 955 en diciembre de 2021.
- 1.261 en la actualidad (dato de septiembre de 2022).
El elevado aumento entre 2020 y 2021 fue motivado por el 11J, denominación que reciben las protestas y manifestaciones contra el Gobierno cubano que sucedieron el 11 julio de 2021.
Manifestantes 11J – Fuente: Marcos Evora / CubaNet
Tuvieron lugar en diversas ciudades de la isla, convirtiéndose en las más grandes y multitudinarias desde 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder. Pese a ser pacíficas, el régimen respondió con oleadas de represión, violencia y detenciones injustificadas.
Desde entonces, han sido encarceladas y condenadas cientos de personas. Aunque el Gobierno se niega a aportar cifras oficiales, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que ha habido más de 1.400 arrestados y 297 condenados a prisión.
